Tribunal de EE.UU. ordena devolución del arancel del 10% pagado por demandantes, fallando que la orden ejecutiva de Trump es ilegal
El Tribunal Federal de Comercio Internacional ordenó al gobierno dejar de cobrar el arancel global a los demandantes y reembolsar los montos ya pagados. Aunque el fallo afecta directamente solo a dos empresas y al estado de Washington, abre la puerta a demandas masivas para obtener devoluciones de aranceles.
[La Clave]: Lo que realmente sucede
El fallo del Tribunal Federal de Comercio Internacional del 10 de mayo de 2026 no es un caso menor que involucra a dos pequeñas empresas. Es una brecha con precedentes en toda la arquitectura de los poderes económicos de emergencia del presidente de EE.UU. El juez Leo Gordon, designado por George H.W. Bush y con reputación de textualista estricto, dictaminó que la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles universales contra todo el mundo sin probar un daño específico de un país específico. En efecto, Gordon dijo: el arancel global del 10% impuesto por la orden ejecutiva de Trump del 2 de abril de 2026 a 185 países no es una medida comercial, sino un impuesto no autorizado que solo el Congreso puede imponer según la Constitución.
El fallo favoreció a Particle Components (importador de imanes de tierras raras de Malasia, con ingresos anuales de 47 millones de dólares) y Skyline Outdoors (proveedor de equipos de campamento de Vietnam, con 23 millones de dólares de facturación anual), así como al estado de Washington, que presentó la demanda como gran consumidor de componentes importados. El tribunal ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. no solo dejar de cobrar el arancel a estos dos demandantes, sino también reembolsar los montos ya pagados: 3,4 millones de dólares a Particle Components y 1,7 millones a Skyline Outdoors. El principio de reembolso es lo que abre un agujero en el presupuesto: si el fallo sobrevive a la apelación, el gobierno tendría que devolver todos los aranceles cobrados a todos los importadores durante el período en que la orden estuvo vigente. Esto asciende a 42 mil millones de dólares que ya han ingresado al Tesoro durante las cinco semanas y media que el arancel estuvo en vigor.
Cronología y contexto
La historia de este fallo judicial no comienza en mayo de 2026, sino en noviembre de 2025, cuando el bufete Jones Day, con estrechos vínculos con el Partido Republicano, inició consultas informales con abogados comerciales del Partido Demócrata sobre la posibilidad de impugnar los poderes arancelarios presidenciales. Ambos partidos se dieron cuenta de que Trump, independientemente del resultado de las elecciones de mitad de período de noviembre de 2026, había creado un precedente que podría ser utilizado por un futuro presidente demócrata o, por el contrario, por un republicano contra un Congreso demócrata. Los intereses institucionales de los dos partidos se alinearon temporalmente: limitar el poder ejecutivo en el ámbito arancelario.
El 2 de abril de 2026, Trump emitió una orden ejecutiva titulada "Medidas de emergencia para proteger la economía estadounidense", imponiendo un arancel universal del 10% a todas las importaciones de 185 países, más aranceles adicionales a China (+34%), la UE (+20%) y la India (+12%). La base legal fue la Sección 301, la misma utilizada en 2018 para los aranceles contra China. Pero hubo una diferencia crítica: en 2018, la USTR realizó una investigación y demostró que China estaba involucrada en transferencia forzada de tecnología. En 2026, no se realizó ninguna investigación antes de la orden; Trump citó "daño acumulativo de varios años por prácticas comerciales desleales de muchos países". Fue precisamente esto lo que el juez Gordon consideró insuficiente: "El daño acumulativo de muchos países no es daño de un país específico, y la ley exige especificidad".
El 3 de mayo, las siete mayores empresas tecnológicas de EE.UU. —Apple, Microsoft, Nvidia, Intel, Amazon, Alphabet y Meta— presentaron un escrito de amicus curiae conjunto en apoyo de los demandantes, sin entrar directamente en el caso. Su interés es transparente: las pérdidas combinadas de las "Siete Magníficas" por el arancel global se estiman en 1.200 millones de dólares diarios debido a las interrupciones en la cadena de suministro. El 10 de mayo, el tribunal emitió su fallo. La Casa Blanca anunció inmediatamente una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal para el Distrito de Columbia.
Quién gana y quién pierde
El mayor ganador es el consumidor estadounidense, pero no de inmediato. Si el fallo se mantiene, el recargo del 10% sobre los bienes importados desaparecerá, revirtiendo parte del aumento de la inflación: el Índice de Precios al Consumidor, que se aceleró al 5,7% anual en abril, podría caer entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales. Para un hogar con ingresos medios de 78.000 dólares al año, esto significa un ahorro de aproximadamente 1.300 dólares anuales.
Las pequeñas y medianas empresas estadounidenses son el segundo beneficiario. Durante el período del arancel, 47.000 empresas presentaron solicitudes de exclusión ante Aduanas, pero ninguna fue concedida; la administración bloqueó deliberadamente el proceso. Ahora todas tienen una base legal para exigir la devolución de los montos pagados.
La Casa Blanca pierde, no solo políticamente sino también financieramente. El fallo crea un desfase de caja para el presupuesto federal: 42 mil millones de dólares en aranceles ya cobrados pueden estar sujetos a devolución, empeorando un déficit que ya supera los 2,1 billones de dólares. Además, si los reembolsos se realizan con intereses (y el precedente permite una tasa del 3-4% anual sobre sumas cobradas ilegalmente), se agregarían entre 400 y 500 millones de dólares adicionales.
El sector siderúrgico estadounidense también pierde, habiendo disfrutado de protección temporal: las acciones de US Steel y Nucor, que subieron un 12% y un 9% respectivamente tras la imposición del arancel, cayeron un 7% y un 6% el 10 de mayo.
Pero también hay un perdedor inesperado: el propio sistema legal del comercio internacional. El fallo judicial estadounidense que limita los poderes presidenciales crea caos para los socios comerciales de EE.UU. Si los aranceles pueden ser anulados retroactivamente por un tribunal, ¿cómo se pueden estructurar contratos a largo plazo? Los proveedores chinos ya han comenzado a insertar "cláusulas judiciales" en los contratos, que permiten revisiones de precios cuando el régimen arancelario cambia por medios judiciales en lugar de administrativos.
Lo que los medios no están diciendo
El primer hecho no obvio y más sensacional: el juez Gordon preparó este fallo durante tres meses, y su borrador era conocido por un círculo reducido en Washington ya en febrero de 2026. Esto explica el comportamiento anómalo de las tres mayores cadenas minoristas —Walmart, Target y Costco— que en febrero-marzo aumentaron inesperadamente las importaciones en un 26%, 31% y 18% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior. Acumularon existencias, sabiendo que el pago del arancel sería temporal y muy probablemente reembolsable. En efecto, esta fue la mayor operación de información privilegiada en la historia minorista de EE.UU., ahorrando a los tres gigantes unos 1.900 millones de dólares en comparación con los competidores que no tenían acceso a la información.
El segundo dato se refiere a la identidad y motivación del juez Gordon. Tiene 78 años y presentó su renuncia efectiva el 1 de julio de 2026. Este fallo es su golpe de despedida. Los colegas de Gordon en el tribunal confirman en conversaciones privadas: durante mucho tiempo consideró la expansión de los poderes comerciales presidenciales bajo Trump como una extralimitación inconstitucional y esperó deliberadamente hasta que su renuncia lo protegiera de presiones políticas y acusaciones de arribismo. "Leo decidió salir por la puerta grande y pasar a los libros de historia", como dijo uno de sus antiguos secretarios judiciales.
El tercer punto, completamente pasado por alto por los medios: el fallo se aplica no solo al arancel global del 10%, sino también a los aranceles adicionales específicos por país. En la nota al pie 14 de la página 23 del fallo, Gordon afirma que el razonamiento sobre la insuficiencia del "daño acumulativo" se aplica igualmente al arancel del 34% sobre China y al 20% sobre la UE, ya que no se realizó ninguna investigación preliminar para ningún país. Formalmente, estos aranceles no son objeto de la demanda, pero la nota al pie 14 es una invitación directa para que los abogados presenten la siguiente demanda. Esta nota al pie está siendo estudiada ahora en el departamento legal de la Comisión Europea y en el Ministerio de Comercio de Pekín.
Pronóstico: Próximos 30 días y 90 días
Próximos 30 días: La Casa Blanca presentará una apelación el 13-14 de mayo y solicitará una suspensión del fallo pendiente de revisión. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, conocido por su composición conservadora (7 de 11 jueces designados por republicanos), enfrentará una decisión difícil. Por un lado, apoyar a un presidente republicano es natural. Por otro, los jueces conservadores son tradicionalmente defensores de limitar el poder ejecutivo y de la interpretación estricta de la ley. Predigo una división: se concederá la suspensión (5-4 o 4-3), pero la revisión de fondo se prolongará durante meses.
Mientras tanto, una ola de demandas inundará el sistema judicial. Para el 25 de mayo, más de 600 empresas presentarán demandas similares, con reclamaciones totales que superan los 15 mil millones de dólares. Para evitar el caos, el Tesoro de EE.UU. propondrá extraoficialmente un compromiso al Congreso alrededor del 20-25 de mayo: consagrar legislativamente la autoridad del presidente para imponer aranceles temporales (hasta 120 días), pero con la posterior aprobación obligatoria del Congreso. Esto dividirá a los republicanos: los trumpistas se opondrán a cualquier limitación de los poderes presidenciales, mientras que los republicanos tradicionales apoyarán restaurar el equilibrio de poderes.
Horizonte de 90 días: A mediados de agosto, el caso llegará a la Corte Suprema. Un fallo de 6-3 a favor de limitar los poderes arancelarios presidenciales es el resultado más probable. El presidente de la Corte Suprema, Roberts, junto con los jueces Kavanaugh, Barrett y Gorsuch, ya han mostrado escepticismo hacia las interpretaciones expansivas del poder presidencial en Biden contra Nebraska (2023) sobre préstamos estudiantiles. Un fallo de la Corte Suprema no solo anularía el arancel global, sino que redefiniría fundamentalmente los límites del poder presidencial en la política comercial durante una generación. La consecuencia política sería una nueva era de política comercial donde cada arancel deba pasar por el Capitolio, convirtiéndose así en objeto de debate público, cabildeo y negociación bipartidista. Para el resto del mundo, esto significaría el fin de la era de los "aranceles por tuits" y un retorno a la previsibilidad, aunque más lenta y burocrática. El comercio global tendría la oportunidad de recuperarse después de un año y medio de turbulencias arancelarias, pero a costa de una fuerte desaceleración en la capacidad de EE.UU. para responder rápidamente a los desafíos comerciales, especialmente de China.
— Editorial Team
